¿Qué es un SCRAP autorizado en España? Guía completa

Los SCRAP autorizados en España son sistemas de gestión de residuos de envases industriales que cuentan con la aprobación administrativa para encargarse de la recogida, transporte, tratamiento y valorización de los residuos de envases. 
Se trata de entidades sin ánimo de lucro que permiten la agrupación de diferentes empresas para gestionar de forma conjunta los residuos generados por los envases que estas comercializan y, para hacerlo, deben recibir una autorización administrativa -ya sea provisional o definitiva- que les habilita a operar dentro del marco legal establecido por la Ley 22/2011 y por el Real Decreto 1055/2022.

SCRAP y el principio de Responsabilidad Ampliada del Productor

La Ley 22/2011 dedica un título a la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), cuyo principio es que ‘quien contamina, paga’, es decir, los productores deben asumir la responsabilidad por la gestión adecuada de los envases que circulan por el mercado.

Por tanto, son los productores los responsables de garantizar que sus envases sean reciclados, reutilizados o gestionados de forma ambientalmente segura al finalizar su vida útil.

El objetivo de la RAP es fomentar la transición hacia un modelo de producción y consumo más sostenible y hacia una economía circular, minimizando el impacto de los envases y promoviendo la reutilización y el reciclaje, es decir, utilizando los recursos de manera más eficiente.

Basándonos en esto, los SCRAP autorizados en España son sistemas de gestión de residuos de envases industriales que obligan a los productores a hacerse cargo de los residuos generados por sus productos. En definitiva, estas organizaciones permiten a los productores de envases cumplir con sus obligaciones legales sin tener que gestionar directamente sus residuos.

Requisitos clave para ser un SCRAP autorizado en España

El Real Decreto 1055/2022 obliga a los productores de productos a adherirse a uno o varios de los SCRAP autorizados en España (o crear un sistema individual propio o SIRAP), delegando así la responsabilidad del reciclaje y el tratamiento de sus envases a una entidad especializada y autorizada.

Estas entidades han sido habilitadas legalmente para gestionar los residuos de productos bajo la figura de la Responsabilidad Ampliada del Productos y, para asumir ese papel, deben cumplir con ciertos requisitos:

• Los SCRAP deben constituirse como asociaciones, fundaciones u otras entidades con personalidad jurídica propia sin ánimo de lucro.
• Las entidades deben presentar una solicitud formal, cumplimentando un formulario oficial y pagando una tasa administrativa.
• Se debe acreditar una garantía financiera que cubra riesgos como insolvencia, incumplimientos o disolución.
• Debe garantizar la igualdad de trato entre los productores adheridos, así como procesos internos equitativos, entre otras exigencias en materia de transparencia y gobernanza.
• Debe cumplir con los objetivos mínimos de recogida y reciclaje fijados a nivel estatal y autonómico.
• Un SCRAP solo puede gestionar aquellos tipos de envases y materiales que los productores adheridos hayan introducido en el mercado y que estén contemplados en la autorización administrativa recibida.
• Una vez recibida la autorización, el SCRAP debe inscribirse en el Registro de Producción y Gestión de Residuos correspondiente.

Es posible solicitar una autorización provisional para comenzar a operar mientras se completa el registro, ya que las comunidades autónomas tienen hasta tres o seis meses de plazo para conceder o no la autorización como SCRAP.

Los SCRAP autorizados en España actualmente vigentes los recoge en su web el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Existen diferentes SCRAP en función de los sectores y del tipo de residuo o material, y los hay tanto especializados como multimateriales o multisectoriales.

¿Qué rol y obligaciones tiene un SCRAP autorizado en España?

La normativa actual establece un marco legal sistematizado y coherente basado en la Responsabilidad Ampliada del Productor. Pero la ley también delimita el ámbito de esta responsabilidad y establece las obligaciones a las que pueden quedar sometidos los productores, tanto en la fase de diseño y producción de sus productos como durante la gestión de los residuos que deriven de su uso.

Cuando un productor se adhiere a un SCRAP, aparecen las denominadas obligaciones transferibles, recogidas en el Real Decreto 1055/2022 de envases y residuos de envases. Esas obligaciones de los SCRAP autorizados en España son:

• Organizar la gestión de residuos de envases.
• Establecer un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) para los envases reutilizables comercializados por los envasadores de los SCRAP.
• Cumplir con los objetivos establecidos en el mencionado Real Decreto.
• Llevar a cabo planes empresariales de prevención y ecodiseño.

Como ya hemos explicado, los SCRAP permiten a los productores de envases cumplir con sus obligaciones legales sin tener que gestionar directamente sus residuos, por lo que nacen para dar solución a todas las empresas que quieran cumplir con esa obligación, pero de manera conjunta. Esto también significa que delegan la responsabilidad del reciclaje y el tratamiento de sus envases a esas entidades especializadas y autorizadas.

Supervisión y control de los SCRAP autorizados en España

Un SCRAP está sujeto a reglas de funcionamiento interno y a la autorización administrativa nacional. En caso de sanción, de hecho, el SCRAP es el responsable.

En este sentido, la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular establece en su artículo 12 que son las comunidades autónomas las administraciones públicas que tienen las competencias de inspección y sanción del cumplimiento de la ley de envases.

El propio SCRAP es el que vigila y acompaña la gestión de los residuos para garantizar que se cumplen todos los objetivos establecidos y evitar sanciones.

Diferencias entre un SCRAP autorizado y otros agentes del sector

Los SCRAP autorizados en España son agentes regulados cuyo propósito es cumplir de forma colectiva con el principio de Responsabilidad Ampliada del Productor y se encargan de coordinar y financiar la gestión de residuos. En cambio, otros agentes del sector (gestores, distribuidores, asociaciones o sistemas individuales, entre otros) cumplen funciones operativas, comerciales o representativas, sin asumir la responsabilidad legal colectiva.

Por ello, cuando un productor se adhiere al Registro de Productores de Producto, un trámite obligatorio, la mejor idea es contar con alguno de los SCRAP autorizados en España.